miércoles, 25 de noviembre de 2009

La Realidad Del Aborto En Colombia

El aborto es un tema polémico y controversial a nivel mundial. Colombia, al permitir esta práctica en ciertos casos hace no mucho tiempo, ha entrado a vivir este debate en carne propia.

En el trabajo que presentaremos nos enfocaremos en como varía la situación de una mujer cualquiera que quiera realizarse un aborto dependiendo del centro de salud al que acuda, y qué se les infunda a los estudiantes de medicina con respecto a esto.

Para el primer punto decidimos comparar dos instituciones medicas que contrasten; la primera, el Hospital Occidente de Keneddy, centro de salud público, donde la Dra. Elsa Torralva nos habló sobre el tema.

La Dra. Torralva nos dijo que en este hospital no había problema alguno en realizar abortos, ya que la legislación colombiana así lo exige, y siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, dependiendo del caso especifico a tratar, el aborto se haría.

Se han presentado 5 casos de aborto en este hospital en el año 2009.

En cuanto a la opinión de la Dra. Sobre si el estudiante de medicina debería ser desmotivado a realizar abortos, ella expresó que no, ya que cada mujer tenía libertad sobre su propia vida.

El otro centro de salud al que acudimos por información, fue el hospital San Ignacio, en el cual nos remitieron al instituto de Bioética, donde el Padre Alfonso Llano Escobar, al que contactamos, alegó estar muy ocupado para responder nuestras preguntas. Seguimos esperando alguna respuesta por correo electrónico y volveremos a su despacho tan pronto como sea posible.

Igualmente sabemos que en este hospital, privado y de raíces religiosas, ya se han presentado casos en donde se han rehusado a realizar abortos alegando que esto va en contra de la ética del centro de salud.

Estando en la Pontificia Universidad Javeriana, aprovechamos para ir a la facultad de medicina de la misma, una de las más prestigiosas del país, y preguntar a veinte estudiantes sobre este tema.

Las encuestas (cuyos resultados se encuentran anexos al final) dieron datos muy concluyentes, como que aunque la gran mayoría de los estudiantes conocen la legislación reguladora de este caso, la totalidad se negaría a practicar una aborto en el desarrollo de su carrera, y un alto porcentaje expresa que esto se ve fomentado por la misma facultad, que los desmotiva a realizar abortos, inculcándole los valores éticos de la institución en las clases.

L a primera conclusión a la que llegamos, y que para la entrega final apoyaremos con datos de la Federación Médica Colombiana, es que la eficacia instrumental de la Sentencia C-355/06, depende fuertemente de donde se quiera hacer efectiva; de esta forma, si el centro de salud es privado y/o religioso, serán más reacios a realizar estas prácticas que uno que no lo sea.

La segunda conclusión es que vemos como los valores éticos de la institución y el valor de la vida son inculcados a los estudiantes, y aunque se les enseña la parte legal del problema, se decantan por lo anteriormente expresado, salvar vidas. (Para esta conclusión no solo usamos las encuestas a los estudiantes de medicina de la javeriana, sino también encuestas de menor muestra a estudiantes de las facultades de medicina de la Universidad del Bosque, Rosario y la UNAB de Santander)


RESULTADOS ENCUESTAS


martes, 10 de noviembre de 2009

Guía de recursos para la investigación

Definición de aborto














martes, 3 de noviembre de 2009

¿Varía la posibilidad de abortar dependiendo del centro de salud al que se acuda?

La sentencia que tomaremos como base para realizar nuestra investigación es la Sentencia C-355/06, la cual trata un tema bastante polémico que es la legalización del aborto en ciertos casos específicos.

Trataremos de realizar una pequeña sinopsis de la sentencia para contextualizar a quien no esté familiarizado con ella. Esta sentencia se trata de una demanda de constitucionalidad contra los Arts. 32 numeral 7, 122, 123 y 124 del Código Penal Colombiano.

Los anteriores artículos hablan de ausencia de responsabilidad penal cuando Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro, la ilegalidad de abortar, la ilegalidad de causar un aborto no consentido y las Circunstancias de atenuación punitiva de estos dos artículos, respectivamente.

Los argumentos en los que se basan los demandantes para alegar la inconstitucionalidad de estos artículos es que violan el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad el derecho a la igualdad y a la libre determinación, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad, el derecho a estar libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, y las obligaciones de derecho internacional de derechos humanos.

Cada uno de los anteriormente nombrados tiene su respectiva sustentación, por ejemplo:

  • Exponen que La criminalización del aborto viola el derecho a la no discriminación de las mujeres porque se penaliza ciertos procedimientos médicos que sólo se aplican a estas, entre otras razones.
· La penalización del aborto le ha impedido a la mujer embarazada acceder a un servicio médico adecuado para abortar, lo que desemboca en abusos y riesgos innecesarios, violando el derecho a la salud y por consiguiente a la vida

  • El hecho de forzar a una mujer a vivir la experiencia de la maternidad a una mujer que no desea estar embarazada es ir en contra del libre desarrollo de la personalidad.

Por ende y según como indica la sentencia:

“El Procurador General de la Nación ha de evaluar si la regulación penal del delito de aborto, por no considerar circunstancias especiales que deberían estar despenalizadas y establecer una discriminación con relación al aborto realizado en menor de catorce años, desconoce el derecho de las mujeres a la dignidad humana, a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad reproductiva, a la salud, a la seguridad social y la obligación del Estado de respetar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.”

Para resolver el problema jurídico planteado anteriormente, se realizó una ponderación de principios entre la protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada, concluyendo que la prohibición total del aborto resulta inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito tres hipótesis((i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la mujer (ii) Cuando exista malformación del feto que haga inviable su vida y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de violación, de inseminación artificial no consentidas , o de incesto.).

Ahora, la pregunta que resolveremos será: ¿Por qué las instituciones médicas son un obstáculo para la eficacia instrumental de la sentencia c-355/06?

Para el desarrollo de la investigación conforme a la pregunta planteada anteriormente, realizaremos una búsqueda de datos a partir de entrevistas a instituciones médicas de dos tipos: privadas y públicas. En dichas entrevistas se tendrá en cuenta qué tanto influye la ideología religiosa de la institución en la práctica del aborto, así como los requisitos que pide cada institución para llevar a cabo la práctica (dependiendo cada caso estipulado por la sentencia), el número de casos presentados en cada institución, las objeciones que interponen las instituciones para no llevar a cabo la práctica, entre otras.

En cuanto a los requisitos y objeciones interpuestas por las instituciones, analizaremos si son o no válidas jurídicamente.

Dependiendo de la entrevistas y demás información obtenida durante la investigación, se hará una comparación entre los dos tipos de instituciones y finalmente responderemos la pregunta de investigación.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Realidad o Ficcion


Pude constatar en un proceso adelantado en una fiscalía delegada ante el tribunal superior, por el delito de estafa agravada, como al sindicado después de haber interpuesto en legal forma el recurso de apelación este le fue negado violándole así el derecho de acceder a la segunda instancia y por consiguiente el del debido proceso y defensa, diciendo que no había sido presentado con la indicación “interpongo el recurso de apelación” en letra mayúscula o negrilla.
Para el procesado esta decisión le trajo como consecuencia el tener que ir a juicio. En esta etapa el juez penal del circuito considero por las razones expuestas que el recurso había sido legalmente negado. Lo que conllevo que tuviera que ser el tribunal el que resolviera y hasta esa instancia se le reconoció el derecho que poseía.
Dentro del mismo tribunal superior pude observar también otro caso, en donde el imputado fue procesado por el delito de secuestro simple habiéndolo absuelto el mismo ya que dentro del expediente no existía plena prueba de que hubiera cometido tal hecho. Para la primera instancia había sido declarado culpable habiéndole desconocido el principio de que la duda se absuelve al favor del sindicado.
Por lo cual podemos observar que el derecho es maleable a estándares valorativos de los jueces y que siempre habrá prejuicios en las desiciones de aquellos individuos en los que recae la aplicación judicial.
Luis Alberto Rojas G.

Gran juicio/Pequeño juicio. ¿Mismo Proceso?


Colombia, es un país rico en contrastes en cada uno de sus aspectos (social, cultural, etc.) y un proceso judicial no es la excepción.

En este escrito trataré de compararos realidades, dos juicios. El primero de ellos, uno sumamente popular, el cual se llevó a cabo en los juzgados especializados el viernes 18 de septiembre a la 1 P.M., el juicio contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega, por la retoma del Palacio de Justicia. El otro, sin tanta trascendencia a nivel nacional, pero de igual importancia personal para el acusado, un hombre que hizo que lo varios de nosotros podríamos haber alguna vez vivido, robó a un hombre en la calle con ayuda de un compañero. Acusados de secuestro agravado y desaparición forzada, y hurto agravado respectivamente, estos dos hombres tenían cuentas pendientes con la ley.

Veamos en qué manera difirieron sus procesos basándonos en ciertos aspectos señalados en el código de procedimiento penal.

Comenzaremos con la libertad, y es ahí donde encontraremos la primera diferencia, porque mientras el coronel goza de este derecho plenamente, el hombre acusado de hurto había estado privado de la misma durante el tiempo que durara la definición de su situación judicial.

Ahora, la igualdad. En este aspecto encontramos ambigüedad, ya que aunque el sistema penal colombiano trató a los dos acusados de igual manera sin discriminación de ningún tipo, es claro que un hombre de mayores recursos como lo es el coronel, tenga una mayor posibilidad de contratar una defensa capacitada (un demandante frecuente, abogado especializado).

Tanto la imparcialidad y la presunción de inocencia fueron aplicadas para el primer caso, ya que aunque el estado es el que está juzgando al coronel, la procuraduría (del estado) pidió que se absolviera al mismo. Sin embargo, y basándome meramente en mi poco conocimiento del ámbito penal y en mi concepto de “justicia”, no me parece que esto se aplique en el segundo caso, ya que antes de que hubiera un juicio para determinar su culpabilidad, el hombre ya había sido retenido y tratado como un criminal, lo cual aun estaba por definirse.

La publicidad de estos procesos fue total, sin importar el tema o los implicados. Solo se me requirió una identificación, y en el caso del Juicio del Coronel se me preguntó la razón por la cual quería asistir a su audiencia.

Para finalizar vemos como aunque el proceso de un juicio penal trata de ser equitativo e imparcial, y generalmente lo logra, lo que finalmente concluye desestabilizando la balanza a favor del acusado son sus medios y su importancia, entendidos como capital económico y simbólico.


Nota: La imagen que acompaña el texto es una fotografía tomada en mi visita a los juzgados especializados, en la cual vemos un improvisado monumento a los desaparecidos del Palacio de Justicia.


William Rendón Vergel